Las prevaricaciones de Garzón

No ha podido ser más claro, esta mañana, el hoy prestigioso abogado Ignacio Gordillo, en Onda Cero:

“Conviene aclarar esto; Nadie está juzgando a Garzón por perseguir la justicia o la memoria de las víctimas de uno u otro bando, de izquierdas o de derechas; está siendo juzgado por dictar resoluciones manifiestamente injustas a sabiendas de que lo son, el delito más grave del que podría acusarse a un juez. Tengo mucho respeto por quienes se manifiestan a su favor; están en su derecho, pero no podemos permitir que tergiversen la realidad. Nadie juzga a Garzón por causas políticas, sino por la praxis jurídica. Y lamentablemente – pues a nadie agrada ver a un juez de la Audiencia Nacional, sentado en el banquillo y quizá condenado – hay razones para creer que terminará condenado. Garzón pretendió instruir una causa política. Sabía que no podía instruir una causa política en un marco judicial, porque ni hay delito que juzgar, ni autores a los que acusar. Esto lo sabe, como juez, desde siempre, pero además lo argumentó para desestimar la querella presentada en su día contra Santiago Carrillo, en virtud de la vigencia de la Ley de Amnistía de la Transición. Lo que ocurre es que incluso ha pretendido negar la legitimidad de esa Ley, tratar de desautorizarla con carácter retroactivo. Y eso es una barbaridad; además de lo que supondría para lo que este país ha construido con posterioridad, gracias a la aplicación de esa Ley. (…) El juez Varela ya se pronunció en esta misma causa, acerca de la legitimidad o ilegitimidad de la acusación particular, en ausencia de acusación fiscal, en lo que fue denominado “doctrina Botín” y que muchos señalaron como la muerte cierta de la propia existencia de la acusación particular, pero en todo caso no debe olvidarse una gran diferencia entre ambos casos: lo que la polémica doctrina Botín vino a decir es que en la defensa de los intereses de parte, no basta únicamente la parte, sino la acusación del Ministerio Público; pero en los casos de Garzón, la “parte”, somos todos, puesto que la prevaricación afecta no a un colectivo u otro concreto, sino a toda la sociedad; por eso no es aplicable en este caso. En cualquier caso Varela ya se pronunció al respecto en este mismo caso y por ello creo que volverlo a plantear es una argucia innecesaria y  un grave error en la defensa: No se debe estar muy tranquilo cuando se pretende eludir la acción de la Justicia simplemente impidiendo el juicio”.

Las frases, obviamente, son cogidas al vuelo y por tanto no son textuales, pero no creo haberme apartado mucho de la casi literalidad y nada de su trasfondo e intención. Lo que ha dicho Gordillo, en esencia, es lo que acabo de transcribir.

¿Hasta cuando vamos a tener que soportar el circo personal de ese cuestionado Magistrado, y sus coristas, tratando de vendernos a todos, con el apoyo de la Izquierda radical de las SICAP y las subvenciones, que se trata de una persecución “por causa de la Justicia” como si de un Bienaventurado se tratase?

¿Cuántas más mentiras hacen falta? ¿Tenemos que seguir viendo cómo asesinos como el supuesto Marcos Ana o el criminal Santiago Carrillo, pasean sus cadáveres vivientes por cuantos espacios radiofónicos, televisiones y reportajes gráficos se les ponen a tiro, exigiendo una supuesta “justicia ante la injusticia” de la que, también supuestamente, habrían sido víctimas?

Lo dije en otra ocasión en público, y lo repito ahora: Yo acepto de buena gana, con todas las garantías jurídicas y procesales – eso sí - la reapertura de todas las fosas, todos los casos y todos los hechos nacidos, antes, durante y después de nuestra guerra – del color que sean - como si la Ley de Amnistía no hubiera existido. Acepto el reto de enfrentarnos cada uno a nuestros fantasmas; pero sobre todo lo acepto, porque será la única forma de resolver, no acerca de si se produjeron fusilamientos, muertes, fosas y cunetas, que sin duda se produjeron, sino acerca de la naturaleza de todas ella, de las causas, las garantías jurídicas, las acusaciones formales y la realidad de todas y cada una de ellas. Y de terminar de juzgar a los todavía vivos – incluso para que puedan defenderse – que aún no han sido juzgados.

Resulta muy fácil rehabilitar – o tratar de hacerlo – cadáveres de bisabuelos y abuelos en un entorno dónde no se juzgan ni los delitos, ni los procesos, ni las causas que los llevaron probablemente a la fosa, sino que se da por hecho que el Régimen victorioso jamás tuvo legitimidad jurídica ninguna, que los muertos fueron todos inocentes corderos represaliados y que sobre ellos se perpetró, sistemáticamente, la represión más brutal por mera militancia ideológica, real o supuesta, o por venganza, o por simple codicia. Y sin tener tampoco en cuenta las circunstancias históricas y temporales en que tales hechos se produjeron, ni con qué antecedentes inmediatos.

Es la situación ideal, porque así no hay que enfrentarse a la realidad. La propia ley de Memoria Histórica, que a fecha de hoy sigue vigente, merced a la falta de reflejos, ética y principios del nuevo gobierno popular - que ya debería haberla derogado en el primer Consejo de Ministros, junto con muchas otras de su propio supuesto ideario - cercena la posibilidad de evaluar cualquier otro período previo al final de la guerra y declara como mártires de la lealtad a brigadistas y maquis, mientras, pese a la exclusión de fechas de la propia Ley, castiga a personajes de la talla, la dignidad y la grandeza de José Antonio Primo de Rivera, Onésimo Redondo o Ramiro Ledesma, por poner algunos ejemplos, (todos previos al período marcado por la LMH y asesinados por los predecesores del actual PSOE que impuso la Ley) al tiempo que “perdona” y ensalza a Indalecio Prieto, Largo Caballero o los aun vivos y ya citados Marcos Ana y Santiago Carrillo (este último aún sin juzgar).

Afirmo – y Carrillo lo hizo también cuando todavía creía que la derogación podía suponer que le juzgaran, manifestándose en contra de remover el pasado – que no hay valor para derogar la Ley de Amnistía y juzgar de verdad a todos los culpables. Afirmo que tan sólo se hace en la seguridad de que sólo se va a manejar el dato, real o inventado, que interesa a cada “rehabilitado” acallando o cuestionando las causas reales por las que la mayoría fueron fusilados. Afirmo que detrás de todo ello – y salvando a los convencidos que pueda haber, de la realidad de sus reivindicaciones, que alguno habrá – hay todo un sistema de falseamiento histórico y de reformulación de la realidad, que viene acompañado de suculentas indemnizaciones, reconocimientos y subvenciones para tres y cuatro generaciones posteriores a los hechos supuestamente revisados. Afirmo que la apertura de fosas, donde habitualmente se terminan encontrando osarios de animales, o dónde todavía más descaradamente y en total impunidad, de adjudican los muertos y asesinatos al bando que los sufrió, al más puro estilo soviético de Katyn es, a la postre, un modo de vida para demasiada gente interesada en todo menos en la verdad.

Y afirmo que yo sí acepto el reto de una verdadera Ley de Memoria Histórica y de la derogación de la Ley de Amnistía. Quizá así pueda ver cómo se juzga y condena al asesino vivo de mi bisabuelo Ricardo; cómo se rehabilita económicamente a sus herederos, si ese es el trato que se determina que hay que dar.

Porque, al fin y al cabo, nosotros no tenemos nada que esconder. Son los papás y los abuelos de la mitad o más de los actuales políticos – tanto de la izquierda más radical, como de la más moderada; de la derecha más liberal, como de la más demócrata-cristiana o conservadora, los que tienen, en todo caso, que lavar sus conciencias con lejía, si llega el caso. Nosotros no. Nosotros, desgraciadamente, no hemos tenido nunca el poder y siempre nos ha tocado poner el ideal y los muertos.

Me recuerda a esos nuevos indigenistas, tipo Evo Morales, que reivindican el genocidio supuestamente llevado a cabo por los españoles; siempre les digo lo mismo: “eso sería tu papá Morales, o tu abuelo Morales o tu bisabuelo Morales…. Querido indígena maltratado, Morales”.

¿Retirar menciones, honores y calles a La Falange como organización, al amparo de la ley de Memoria Histórica? ¿El PSOE? ¿Los herederos de esa Falange de los honores recibidos, hoy en el PP? ¡Manda huevos, Federico Trillo dixit!

Porque no pretenden recuperar memoria y muertos, no. Pretenden embadurnar a los nuestros porque mientras estuvieron vivos no tuvieron ni intención, ni ocasión, ni valor.

Por último afirmo que todo esto se le daba una higa al magistrado-torero, y que jamás hubiera movido un dedo de no entender que encajaba a la perfección con sus fines propagandísticos, mercantiles, mercadotécnicos y empresariales de su propia marca: la marca Baltasar Garzón.

Y por afirmar, afirmo con Ignacio Gordillo, que Garzón prevaricó (presuntamente, siempre presuntamente) porque pretendió enmascarar el cobro de dineros de empresarios españoles, por lo que será juzgado en breve, con supuestas causas nobles, aunque para ello volteara a sabiendas el Código Penal, pretendiera arremeter contra los muertos y saltarse a la torera cualquier legislación en los otros dos casos por los que es juzgado, para aparentar una persecución donde, una vez más, sólo hay prevaricación. Y sólo por ello es juzgado rodeado de títeres y titiriteros.

Casi estoy convencido de que no habrá tribunal capaz de condenarlo; pero no será por falta de razones, en mi opinión. No por las causas politizadas por él mismo y tratadas de evitar con todas las argucias legales y tomaduras de pelo que jamás hubiera permitido a ninguno de sus encausados. Y casi me alegro, para que no le queden excusas que alegar una vez sea condenado por el asunto de la pasta de “su amigo Botín”. ¿Cómo enmascarará esa otra causa de persecución política? Cosas veredes amigo Sancho…

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